En Chile, la posibilidad de donar vida no depende únicamente de la voluntad de las personas, ya que, antes de que eso ocurra, los hospitales deben identificar a los posibles donantes, informar oportunamente a los equipos encargados, evaluar las condiciones clínicas y coordinar la extracción y asignación de órganos. Es un proceso altamente complejo que, por consiguiente, requiere de múltiples profesionales y que, muchas veces, puede verse interrumpido si alguna de sus etapas llega a fallar.
Durante los años 2022 y 2023, los hospitales públicos que fueron examinados por la Contraloría General de la República reportaron 3.690 fallecimientos por causas neurológicas o muerte encefálica, una condición que, una vez certificada, puede permitir la donación de órganos. Lo preocupante es que, de esas muertes, 798 no estaban registradas en el Sistema Integrado de Donación y Trasplante (SIDOT), la plataforma oficial del Ministerio de Salud (Minsal), que permite gestionar y hacer seguimiento a los procesos de donación y trasplantes del país.
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Del cuidado a la oportunidad
Seis etapas para entender el recorrido que conecta la diálisis con un posible trasplante.
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El cuidado cotidiano sostiene la vida mientras llega una nueva oportunidad.Imágenes: TDI Noticias. Serie del Centro de Diálisis San Ramón.
La cifra equivale al 21,6 % de los fallecimientos considerados durante esos dos años y forma parte de los hallazgos del Informe Final N° 297 de 2024 de la Contraloría, que fiscaliza el funcionamiento del sistema de donación, procuramiento y trasplante de órganos en Chile. Los antecedentes descritos antes no permiten saber cuántas de esas personas habrían podido convertirse efectivamente en donantes, pero sí muestran que existieron deficiencias en el registro que deben ser evaluadas por los equipos correspondientes porque se está hablando de una de las etapas más cruciales en donde puede comenzar el camino que permite que un órgano le cambie la vida por completo a una persona en lista de espera.
Pero para ahondar todavía más en este sistema y entender dónde se producen exactamente estas dificultades, es imperativo entender primero cómo funciona. Cuando una persona presenta una insuficiencia orgánica avanzada, un equipo médico puede evaluar si cumple con las condiciones para recibir un trasplante. De ser así, es derivada a un centro especializado, donde se realizan exámenes y evaluaciones que permiten determinar su eventual ingreso a la lista nacional de espera. La asignación de órganos no responde simplemente al tiempo que lleva esperando cada paciente. También intervienen criterios médicos, como la compatibilidad, las condiciones clínicas y las prioridades específicas de cada órgano. Sin embargo, antes de que se pueda asignar este último, debe existir un proceso de donación que permita obtenerlo y el procuramiento es ese mecanismo que conecta a los donantes con los receptores.
El proceso de donación de órganos de personas fallecidas requiere identificar a pacientes con daño neurológico grave que puedan ser evaluados como posibles donantes. Posteriormente, los equipos clínicos deben realizar las evaluaciones correspondientes, confirmar los requisitos legales y médicos y coordinar las etapas necesarias para una eventual extracción. El nefrólogo Fernando González Fuenzalida, especialista de la Universidad de Chile, explica que el procuramiento funciona como una especie de cadena de etapas interdependientes, donde una sola falla puede interrumpir el proceso de donación. Desde la identificación de un posible donante hasta la extracción de sus órganos, cada procedimiento requiere de una coordinación oportuna entre los equipos médicos y los establecimientos de salud.
Fernando González explica cómo funciona el procuramiento de órganos en Chile, cuáles son sus principales etapas y dónde se producen los obstáculos que pueden impedir una donación.
El cuello de botella del sistema
Las deficiencias del procuramiento de órganos en Chile no son un problema reciente ni un descubrimiento que se le puede atribuir directamente a la fiscalización de 2024 que hizo la Contraloría, se arrastran desde hace años. Por ejemplo, en 2018, la Comisión de Salud del Senado ya había abordado problemas relacionados con la disponibilidad de camas críticas, el traslado de pacientes y la notificación oportuna de potenciales donantes.
Dos años después, el estudio “Análisis crítico de la baja tasa de donación de órganos en Chile”, elaborado por Francisca González, Felipe Vera, Rosa Alcayaga y el mismo Fernando González, profundizó en estas mismas dificultades y examinó el impacto de las modificaciones legales destinadas a incentivar la donación. Sus autores advirtieron que la escasez de donantes no podía explicarse únicamente por la negativa familiar, sino también por las fallas hospitalarias que obstaculizaban el inicio del proceso.
La auditoría de la Contraloría General de la República permitió identificar otras irregularidades que iban más allá de los registros, también detectó incumplimientos sanitarios, problemas administrativos y dificultades operativas en distintos establecimientos de salud. Uno de los casos involucró al Hospital Clínico Mutual de Seguridad, donde se realizaron procedimientos de extracción de órganos sin contar con la autorización sanitaria correspondiente. El organismo también constató que la entidad omitía la notificación de potenciales donantes y carecía de una coordinación local encargada de gestionar estos procedimientos.
Las dificultades también afectaron la continuidad de algunos programas de trasplante renal. En el Hospital Dr. Carlos Van Buren, de Valparaíso, el programa permaneció inactivo durante 245 días en 2022 y 115 días en 2023. En el Hospital San Juan de Dios, de Santiago, la inactividad alcanzó los 293 días durante 2022 y seis días al año siguiente. Entre los factores observados se encontraban problemas relacionados con la falta de especialistas, la disponibilidad de recursos de urología y condiciones logísticas.
Otro de los problemas cuestionados fue la forma en que se justificaban las decisiones de no realizar determinados trasplantes. La Contraloría identificó 84 casos de posibles receptores en los que los centros de salud no justificaron formalmente la decisión de no realizar el procedimiento, pese a que estas personas debían ser consideradas de acuerdo con el orden de las listas de espera. A ello se sumaron observaciones por la falta de documentación que acreditara vínculos familiares o de afinidad en determinados trasplantes entre personas vivas. Además, el organismo advirtió un posible conflicto de intereses relacionado con el entonces coordinador nacional de Procuramiento y Trasplante, quien había autorizado procedimientos entre donantes vivos en un establecimiento privado con el que mantenía una relación laboral como médico hepatólogo.
La respuesta
Los resultados de la auditoría motivaron una respuesta por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que el 29 de octubre de 2024, informó sobre las medidas adoptadas para abordar las irregularidades detectadas. Señalaron que varias de ellas estaban siendo corregidas mediante la regularización de procedimientos hospitalarios y de acreditación. También señalaron que trabajaban junto al Instituto de Salud Pública (ISP) en la modernización del sistema informático utilizado para gestionar las listas de espera.
Respecto del entonces coordinador nacional, la Subsecretaría comunicó que había sido suspendido de sus funciones en el marco de un sumario administrativo y que se había determinado no renovar su contrato. Además, indicó que determinados antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía para evaluar posibles responsabilidades.
Al día siguiente, las autoridades sanitarias entregaron nuevas explicaciones sobre los 84 casos observados por la Contraloría. El Ministerio de Salud sostuvo que la irregularidades estaban relacionadas con la falta de envío al ISP del documento denominado “Causa de No Trasplante”, que permite a los establecimientos justificar formalmente por qué un paciente no recibió un órgano que había sido ofrecido.
De acuerdo con la versión ministerial, estas omisiones de documentos no demostraban necesariamente que se hubieran alterado las listas de espera, ya que la asignación de órganos debía seguir criterios clínicos y de compatibilidad previamente establecidos. En esa instancia participó el médico José Luis Rojas Barraza, el actual coordinador nacional de Donación, Procuramiento y Trasplante, quien asumió esa función en el año 2024.
Las autoridades también dieron a conocer sobre iniciativas para mejorar los registros, entre ellas la actualización del sistema informático del ISP y el trabajo en conjunto con el Registro Civil para contrastar la información de personas fallecidas.
Más trasplantes, ¿menos fallas?
A dos años de la auditoría de la Contraloría General de la República, las estadísticas oficiales muestran un aumento en la cantidad de donantes efectivos y trasplantes realizados en Chile. Según el informe “Donación en asistolia para el trasplante de órganos sólidos en Chile: barreras y desafíos para su implementación”, elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), en octubre de 2026, el país pasó de registrar 134 donantes efectivos al 13 de octubre de 2022 a 176 en la misma fecha de 2026.
El aumento también se observa en los trasplantes realizados, que pasaron de 362 a 521 durante esos mismos períodos. En términos generales, esto representa un crecimiento del 31,3% en los donantes efectivos y del 43,9% en los trasplantes. Los datos, obtenidos de estadísticas del Ministerio de Salud y recopilados en la tabla N.º 2 del informe de la BCN, muestran que la actividad de donación y trasplante ha aumentado en los últimos años.
Pero es importante aclarar que el incremento de estas cifras no permiten determinar por sí solas cuánto ha mejorado la capacidad de los establecimientos para identificar y registrar oportunamente a los posibles donantes o, en otras palabras, que las deficiencias detectadas por Contraloría hayan sido solucionadas. Para comprobarlo sería necesario contar con información que permita comparar cuántas personas fallecen por causas neurológicas, cuántas son evaluadas como posibles donantes y cuántas terminan siendo notificadas e ingresadas al SIDOT. Aunque el Instituto de Salud Pública publica estadísticas sobre trasplantes y listas de espera, estos datos no permiten conocer si han disminuido las omisiones de registro detectadas durante la auditoría.
En tanto, el Ministerio de Salud incorporó una medida relacionada directamente con este problema. En las Orientaciones Técnicas COMGES 2026, publicadas por la Subsecretaría de Redes Asistenciales en marzo de ese año, se estableció un indicador destinado a medir el cumplimiento de las metas anuales de identificación de potenciales donantes. La iniciativa busca mejorar la detección y el registro en SIDOT de pacientes con muerte encefálica, tomando como referencia los fallecimientos por causas neurológicas informados a través del sistema GRD-ALCOR. Para ello, se fijaron metas según la situación de cada Servicio de Salud y se estableció un seguimiento cada seis meses. Es un avance en cuanto a la existencia de mecanismos para supervisar una de las etapas cuestionadas por la Contraloría, pero todavía falta conocer sus resultados. Las orientaciones explican cómo se realizará la medición y cuáles son sus objetivos, aunque no entregan cifras que permitan saber cuánto se ha cumplido durante 2026. Por lo tanto, el aumento de donantes y trasplantes muestra que la actividad del sistema ha crecido, pero no responde por sí solo a la pregunta de fondo: si los hospitales están aprovechando mejor las oportunidades de donación.
La fallas que van más allá de la auditoría
Las irregularidades detectadas por la Contraloría también abrieron una discusión sobre las condiciones en que funciona el sistema de procuramiento y trasplante de órganos en Chile. Algunos investigadores vinculados a esta área plantean que los problemas no pueden entenderse únicamente como errores de determinados hospitales o incumplimientos de algunos profesionales, sino que también es necesario revisar cómo está organizado a fondo el sistema.
En enero de 2025, Francisca González Cohens y el nefrólogo Fernando González, publicaron en el medio La Tercera la columna de opinión “Trasplante de órganos en Chile: análisis desde la ciencia”, donde cuestionaron algunas interpretaciones de los hallazgos de Contraloría y plantearon que los problemas del sistema no podían reducirse a incumplimientos individuales o administrativos, sino que se trataba de causas más profundas. Respecto de los 84 casos observados por el organismo fiscalizador, los autores sostuvieron que solamente nueve personas se habrían visto efectivamente afectadas. También argumentaron que determinadas deficiencias documentales y exigencias administrativas debían analizarse considerando las condiciones reales en que trabajan los equipos médicos. Sin desconocer las dificultades del procuramiento, su análisis puso sobre la mesa otro aspecto importante: que las dificultades del procuramiento también podrían estar relacionadas con la forma en que se organiza y administra el sistema encargado de coordinar las donaciones y los trasplantes.
Uno de sus principales cuestionamientos apunta a las atribuciones y los recursos de la Coordinación Nacional de Donación, Procuramiento y Trasplante. Los autores explicaron que, a diferencia de otros países donde existen organismos especializados con mayor autonomía y financiamiento, en Chile esta coordinación funciona como una unidad dependiente de la División de Gestión de la Red Asistencial del Ministerio de Salud y que esta dependencia limita su capacidad para impulsar cambios, establecer incentivos y exigir que los hospitales cumplan determinados procedimientos. Por otro lado, identificaron dificultades relacionadas con la disponibilidad de personal, la continuidad de las funciones de coordinación y las herramientas informáticas utilizadas para gestionar los procesos.
Estas observaciones permiten ampliar la discusión que comenzó con la auditoría. No se trata solamente de identificar qué hospitales cometieron irregularidades, sino también de preguntarse si las instituciones encargadas de coordinar el sistema cuentan con las condiciones necesarias para prevenirlas y corregirlas. Si existen problemas de organización, recursos o coordinación que se mantienen en el tiempo, difícilmente podrán resolverse únicamente mediante medidas administrativas puntuales.
La discusión sobre cómo aumentar las donaciones también ha abierto la posibilidad de incorporar nuevas modalidades. Una de ellas es la donación en asistolia, que permite obtener órganos después de que se confirma el fallecimiento de una persona por criterios circulatorios, bajo determinadas condiciones médicas, éticas y legales. El informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, publicado en octubre de 2026, revisó las barreras que enfrenta Chile para implementar esta alternativa. Entre los principales desafíos menciona la necesidad de realizar cambios normativos, establecer protocolos médicos y mejorar la coordinación entre los hospitales, además de contar con mecanismos que permitan supervisar los procedimientos. Esto se debe a que el sistema actual está organizado principalmente en torno a la donación de órganos después de la muerte encefálica.
Aunque incorporar esta modalidad podría ampliar las posibilidades de donación, también implica nuevos desafíos para un sistema que todavía debe resolver dificultades en su funcionamiento actual. La discusión, por lo tanto, no pasa solamente por encontrar nuevas formas de obtener órganos, sino también por asegurar que las instituciones estén preparadas para responder a cada oportunidad de donación.
Al final, las cifras hablan de donantes, trasplantes, registros y días de inactividad, pero detrás de cada uno de esos números hay personas que esperan años una oportunidad para seguir viviendo. Para ellas, el funcionamiento del sistema no es una cuestión administrativa ni un problema que pueda quedar reducido a una auditoría, es la diferencia entre recibir a tiempo un órgano que puede salvarles la vida o seguir esperando por él.
Chile ha conseguido aumentar la cantidad de donaciones y trasplantes, pero el verdadero avance no debería medirse únicamente por cuántas intervenciones logra realizar, sino también por su capacidad para reconocer cada oportunidad de donación y evitar que se pierda en medio de fallas que pudieron prevenirse. Porque en un proceso donde cada etapa depende de la anterior, no basta con llegar a más trasplantes si todavía no se puede asegurar que todas las oportunidades hayan sido consideradas. La donación de órganos es, quizás, una de las expresiones más profundas de solidaridad entre las personas pero para que ese gesto llegue a convertirse en una nueva oportunidad de vida, no basta con la voluntad de donar. También se necesita un sistema capaz de responder, coordinarse y estar a la altura de lo que está en juego.